La independencia en el trabajo de los medios de comunicación en América Latina está cuestionada.
Hace pocos meses atrás el Presidente venezolano Hugo Chávez retiró la concesión de una onda de televisión, RCTV ,pese a las manifestaciones de miles de ciudadanos y de la condena internacional de que objeto la medida.
Todos sabemos lo que sucede con los medios en Cuba dónde el pueblo sólo escucha una voz o una visión de los hechos.
Ahora parece que este tipo de modalidades se acercan al Uruguay, dónde desde las actuales autoridades también han partido sistemáticamente críticas a la labor de los medios. En Argentina la actual Presidenta Cristina Fernández planteó públicamente la peligrosa medida de instrumentar un observatorio de medios.
¿Qué se pretende con ello?, ¿acaso controlar lo que publican o dicen los medios, y si es en contra el Gobierno sancionarlos?.
La verdad que a los latinoamericanos demócratas nada gracia nos causa una medida de este tipo, máxime teniendo en cuenta los “contagios” que en diferentes aspectos gubernativos siempre se producen en la región.
Para esclarecer el tema, reproducimos un artículo del Diario Clarín de Buenos Aires, del colega Julio Blanck, que nos parece importante compartir con nuestros lectores.

La miopía política contaminó un arma eficaz contra la discriminación

El Gobierno, en su torpe afán de poner bajo control no ya la realidad, que es indomable, sino la difusión de esa realidad, puso en riesgo grave a un organismo que venía cumpliendo una tarea silenciosa y eficaz: el Observatorio de la Discriminación. Esto sucede en un contexto general crispado y en una coyuntura de especial sensibilidad, en la siempre difícil relación entre el Gobierno y la prensa.
En ese contexto resalta una oferta periodística muy amplia en la Argentina. La enorme mayoría de los periodistas trabaja honestamente, con la sana ambición de construir una carrera basada en la superación personal y el progreso profesional. Pero en los medios, y entre los periodistas, también hay falta de rigor, facilismo, prejuicios ideológicos, corrupción y deshonestidad intelectual. Entonces es razonable y necesario que la opinión pública se interrogue acerca de la calidad del servicio que el periodismo le ofrece.
Los medios, y los periodistas, no tenemos razón alguna para mantenernos al margen de ese escrutinio. Nadie nos otorgó privilegios, aunque algunos de nosotros se pretendan intocables. Pero no es el Gobierno quien debe ejercer ese control, en tanto la prensa es una herramienta que tiene la sociedad para controlar al poder, para interpelarlo y criticarlo.
El control sobre los medios puede tomar diversas formas. Una, la más extendida, casi instintiva, es el juicio cotidiano que hace el público. Los elige o los descarta. Los toma como hábito y los incorpora a su vida familiar y laboral, o los desecha porque no cree o no se identifica con ellos. Otras formas tienen que ver con los límites que fijan las leyes, que todos estamos obligados a cumplir por igual. Y otras más se remiten a formatos de matriz profesional y académica, como los observatorios de medios, que por su misma razón de ser se mantienen distantes de las empresas periodísticas y también de los gobiernos.
Los observatorios funcionan como un laboratorio que trata de neutralizar por igual las presiones económicas y las políticas. No está vedada en ellos la presencia de funcionarios oficiales, pero nunca son los gobiernos de turno los que definen las líneas de trabajo y las conclusiones. En Europa, en América latina y en los Estados Unidos, las conclusiones a las que llegan los observatorios son muy duras con las parcialidades, incongruencias, injusticias y discriminaciones en las que incurren los medios y los periodistas, a sabiendas o más allá de su voluntad.
En nuestro país también existen observatorios, creados en ámbitos académicos, profesionales y sindicales en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en Entre Ríos. Y funcionan con ese mismo fuerte espíritu crítico hacia los medios.
En este contexto y como recurso para disputar la interpretación política del prolongado paro del campo, el Gobierno impregnó de un contenido faccioso el Observatorio de la Discriminación, que funciona desde hace un año y medio en el ámbito oficial. Ese observatorio es una buena herramienta, pasible de ser mejorada como toda actividad humana, pero que ahora corre el riesgo de quedar inútil y con su credibilidad devaluada por un interés político coyuntural. La propia presidenta Cristina Kirchner quedó entrampada en esa maniobra, cuando avaló el informe de la Facultad de Ciencias Sociales que repartió elogios a los medios cercanos al Gobierno y duras críticas -varias de ellas razonables- a los que cubrieron el paro del campo con criterios y contenidos que enojaron al poder.
Fue la Presidenta, también, la que dio impulso en esta dirección al Observatorio de la Discriminación, bajo el pretendido argumento de que las noticias adversas al Gobierno, durante el paro del campo, estaban basadas en un afán discriminador hacia los desheredados de la tierra.
En vista del revuelo que provocó la iniciativa los funcionarios, entre ellos el nuevo jefe del COMFER, Gabriel Mariotto, salieron a asegurar que el Observatorio de Medios (el que ya existe se llama Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión) no sancionará a los periodistas por sus opiniones. El solo hecho que deban aclararlo da la medida de lo grave y descabellado de la iniciativa.
Desde la creación del Observatorio -en cuyas tareas participan académicos, periodistas, expertos y funcionarios- el INADI, que dirige María José Lubertino, recibió 17 denuncias de discriminación en los medios, basadas en temas de sexo, edad, nacionalidad, religión, elección sexual, condición social y de salud. En ningún caso trabajaron sobre casos basados en opiniones. En ningún caso dieron a publicidad su tarea. Pero convocaron a periodistas que moderaron o modificaron expresiones y comentarios. Y lograron que un banco privado levantara una campaña de publicidad considerada discriminatoria.
Poco o nada de lo bueno que hizo este organismo podrá salvarse ahora, porque la miopía política lo transformó en una garita policial, de vigilancia mediática, contaminándolo sin remedio como herramienta contra la discriminación. Es posible que ahora el Observatorio ni siquiera sea útil para revisar algunos prejuicios raciales, sociales y políticos que, con la exasperación generada por el paro del campo y sin el freno inhibitorio del «deber ser», asomaron efectivamente en los medios, y más de una vez de mano de los periodistas. Es una pena.